El reconocido cantante vallenato Jorge Iván “Churo” Díaz podría enfrentar una condena por su presunta participación en una millonaria estafa, según lo solicitó la Fiscalía General de la Nación en el juicio que se le adelanta en Valledupar.
Durante la audiencia del pasado lunes, el ente acusador pidió que se profiera sentencia condenatoria contra el artista, a quien señala como coautor de estafa agravada en modalidad de masa y autor de enriquecimiento ilícito de particulares. La solicitud se basa en su presunta vinculación con un esquema fraudulento operado por la empresa Costa Azul S.A.S., liderada por su exesposa Beatriz Castro Pérez, ya condenada por estos hechos.
Según la Fiscalía, Díaz habría recibido más de 1.200 millones de pesos entre 2012 y 2015, sin justificación legal ni económica, provenientes de personas que invirtieron bajo promesas falsas. El monto total del fraude asciende a más de 45 mil millones de pesos, afectando a más de 340 personas, entre ellas pensionados, miembros de la Fuerza Pública y trabajadores particulares.
Las autoridades sostienen que los recursos habrían sido usados para financiar lujos personales, incluidos bienes inmuebles, vehículos y la propia carrera artística del cantante.
¿Qué dice la defensa?
Sin embargo, la defensa de Díaz, encabezada por el abogado Iván Cancino, rechazó los señalamientos y aseguró que no existen pruebas que vinculen directamente al artista con la captación ilegal de dineros. “No hay un solo testigo que diga que fue engañado por él, ni contratos, ni registros que lo asocien a la promoción o firma de las inversiones”, afirmó el defensor en estrados judiciales.
El proceso ha generado amplia atención pública debido a la notoriedad del cantante, considerado uno de los exponentes más reconocidos del vallenato contemporáneo. A pesar del escándalo, Díaz ha mantenido su agenda artística activa y ha defendido públicamente su inocencia.
La lectura del fallo fue programada para el 31 de julio a las 2:00 p.m. y será en esa audiencia donde el juez definirá si hay méritos para condenar al artista o si se le absuelve de los cargos.
Mientras tanto, el caso reaviva el debate sobre la responsabilidad social de las figuras públicas que, directa o indirectamente, se ven envueltas en actividades comerciales o financieras que afectan a la ciudadanía.