El Sisbén, herramienta que por más de tres décadas sirvió para focalizar subsidios y programas sociales en Colombia, tiene los días contados. El Gobierno Nacional anunció que a partir de marzo de 2026 será reemplazado por el Registro Universal de Ingresos (RUI), un nuevo sistema que promete ser más justo y transparente al identificar a los hogares que realmente necesitan apoyo estatal.
El anuncio oficial se hizo en agosto de 2025 por parte del Departamento Nacional de Planeación (DNP), con base en lo establecido en el artículo 70 de la Ley 2294 de 2023, que ordena la creación del RUI y su implementación gradual. La transición ya comenzó y se extenderá durante todo 2025, mientras el país se prepara para dejar atrás el Sisbén IV.
¿Por qué cambiar el Sisbén?
Aunque el Sisbén IV introdujo mejoras tecnológicas como encuestas digitales y clasificación en grupos (A, B, C y D), sus limitaciones quedaron en evidencia. El sistema dependía en gran medida de la autodeclaración y de la encuesta aplicada por los municipios, lo que abrió la puerta a inconsistencias, fraudes y manipulación.
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De hecho, el propio DNP reveló que existían más de 656.000 registros fraudulentos, incluyendo hogares inexistentes y personas fallecidas que seguían recibiendo beneficios. Estos errores generaban pérdidas anuales cercanas a los 364 mil millones de pesos en subsidios mal focalizados, especialmente en el régimen subsidiado de salud.
El nuevo sistema busca corregir estas fallas con un enfoque más técnico, sustentado en registros administrativos y cruzamiento de bases de datos.
¿Qué es el RUI y cómo funcionará?
El Registro Universal de Ingresos (RUI) será una base de datos unificada que calculará la capacidad económica de los hogares en función de sus ingresos reales. Para ello, utilizará información de distintas fuentes como la seguridad social, reportes tributarios, transacciones financieras y registros del DANE.
Además, quienes no tengan datos suficientes en el sistema deberán hacer una declaración formal de ingresos, que luego será contrastada con otras fuentes oficiales. Esto permitirá clasificar a los hogares con mayor precisión y garantizar que los subsidios lleguen a quienes verdaderamente lo requieren.
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En palabras del DNP, el RUI marcará “el fin de las injusticias” en la entrega de ayudas estatales, pues evitará que personas con altos ingresos reciban subsidios destinados a la población vulnerable.
Cómo se determinarán los beneficiarios
A diferencia del Sisbén, que agrupaba a la población en categorías socioeconómicas, el RUI se centrará en los niveles de ingreso y capacidad de gasto de cada hogar. Con esa información, el Gobierno podrá establecer de manera más exacta quién cumple los criterios para acceder a programas como Renta Ciudadana, Renta Joven, Devolución del IVA o subsidios de vivienda y educación.
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El sistema también será dinámico: si una persona mejora su situación económica, el RUI lo reflejará rápidamente gracias al cruce constante de información. Esto significa que ya no será necesario esperar años para que los cambios en los hogares se vean reflejados en la clasificación.
Ventajas frente al Sisbén
Entre los beneficios que se destacan del RUI están:
- Mayor precisión al calcular la capacidad económica de los hogares.
- Reducción de fraudes mediante el cruce de información en tiempo real.
- Actualización más rápida, lo que permitirá ajustar la ayuda de acuerdo con la situación real de cada familia.
- Equidad en la entrega de subsidios, evitando que personas de ingresos altos reciban beneficios destinados a los más pobres.
Transición hasta 2026
Aunque el RUI reemplazará oficialmente al Sisbén en marzo de 2026, durante todo el 2025 ambos sistemas funcionarán en paralelo. Las familias ya inscritas en el Sisbén IV no perderán de inmediato sus beneficios, pero deberán asegurarse de que su información esté actualizada para facilitar el traslado al nuevo registro.
El Gobierno insiste en que esta transición será ordenada y que ninguna familia en condición de vulnerabilidad quedará desprotegida. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo ha advertido que al menos 1,7 millones de colombianos podrían ver afectado su acceso a subsidios si no se corrigen oportunamente los criterios de clasificación.
